El ómnibus está listo para arrancar: ahora hay que contar los pasajeros
Cuando Javier Milei le puso la firma al proyecto conocido como ley ómnibus, la primera reacción de la política fue descalificatoria. Ningún presidente en su sano juicio le hubiese pedido al Congreso debatir en sesiones extraordinarias la innumerable cantidad de reformas contenidas en dicho texto. Durante las últimas semanas, se le reclamó al Gobierno que reconsiderara varios de esos tópicos, porque de ninguna manera podían ser parte de las urgencias de una gestión que arrancó en emergencia económica.
Bajo ese clima comenzaron las negociaciones con el ala dialoguista. Compuesta por los diputados y gobernadores del PRO, la UCR y el peronismo no kirchnerista. En sus primeros tramos, estuvieron marcadas por una cuota alta de incertidumbre, porque ningún funcionario de la Casa Rosada aceptaba compromisos y solo parecían limitarse a escuchar reclamos. Así fue como Guillermo Francos y Martín Menem, los interlocutores formales, armaron un nuevo mapa con los pedidos recibidos y volvieron al Presidente para evaluar alzas y bajas.
Milei pasó en limpio las discusiones con su mesa chica (Nicolás Posse, Karina Milei y Santiago Caputo) y junto con su ministro de Economía, definieron los números a los que debían llegar, y en consecuencia, qué partes de la ley eran negociables y cuáles no.
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Antes que analizar el resultado, lo que cabe rescatar es que aparece cada vez más visible una estrategia de gestión: fijar objetivos altos y después bajar a los reales. Así como el Presidente consideraba un triunfo que la inflación de diciembre fuera 30% cuando los números privados daban 25%, ahora apretó los zapatos de todos sus interlocutores. De esa manera pudo asegurarse algún tipo de “concesiones” para todos (como excluir a YPF o el Banco Nación de la lista de privatizaciones, algo que era improbable que ocurriera) a la espera de cosechar los artículos sensibles.
Cedió en retenciones que no tenía, pero mantuvo las relevantes (subproductos de soja, carne, trigo, maíz); aceptó acotar las facultades delegadas pero se las aseguró en el plazo que más las necesita; convalidó un ajuste para las jubilaciones con lógica política (se ajustarán con inflación cuando el índice baje, pero con el rezago de poder recaudar antes el impuesto inflacionario) y sacó a flote el blanqueo y otras reformas impositivas, a las que nadie prestó atención mientras se discutía el destino del Fondo Nacional de las Artes.
Reponer el impuesto a las Ganancias fue el gesto final para compensar los gobernadores. Ya tiene tela para armar el quórum. Falta contar ahora cuántos pasajeros suben al ómnibus para saber si la estrategia fue exitosa.
Fuente: El Cronista
