Juan Grabois será abogado querellante en la causa por los cinco asesinatos en una disputa por tierras tomadas en La Matanza
El abogado y dirigente social kirchnerista Juan Grabois anunció este martes que representará a familiares de víctimas y supervivientes de la masacre que se dio el 14 de enero en una toma de tierras en la tosquera del barrio 8 de Diciembre en González Catán, partido de La Matanza. Allí, una disputa por la venta de terrenos loteados ilegalmente terminó con cinco muertos.
“Junto a la Dra. Liliana Esther Kunis y el Dr. Nicolás Rechanik asumimos con enorme responsabilidad la representación jurídica de familiares de víctimas y de supervivientes de la masacre de la Tosquera de Gonzalez Catán”, comenzó el anuncio.
Grabois prometió además “llegar al fondo de esto, caiga quien caiga: autores, coautores, instigadores, cómplices”.
“Agradezco al Dr. Miguel Ángel Pierri el respaldo técnico que nos brindará en la tarea. Nunca más muerte por un pedazo de tierra. Fuera narcos de los barrios. Tierra para vivir en paz”, culminó el mensaje del autodefinido militante popular.
Luego de la masacre, Grabois también se había pronunciado en redes sociales: “Que en Argentina haya personas muriendo por un pedazo de tierra para vivir debería avergonzar a cualquier dirigente de cualquier partido político. Garantizar que cualquier familia pueda acceder a un lote sin arriesgar el pellejo es un deber de todos, que en cada barriada haya un mínimo nivel de dignidad también. La necesidad y la urgencia debería ser esa: que haya tierra para los argentinos, no sacar normas para que la tierra argentina se pueda entregar a cualquier multinacional”, analizó en un extenso mensaje.
El 18 de enero fue detenida Juana Correa Villalba, la mujer de 43 años acusada de ser la presunta responsable del negocio inmobiliario clandestino que terminó con las cinco muertes. Fue capturada en la esquina de Ocampo e Yrigoyen en San Justo por efectivos de la Subcomisaría 20 de Junio, junto con personal de la Sub Estación Sur, tras una orden de arresto requerida por el fiscal Adrián Arribas, que investiga la masacre y había pedido a Interpol su captura internacional, en caso de que cruzara la frontera de vuelta a su país de orígen.
Según fuentes policiales, la actual toma era incluso investigada por la UFI N°2 de La Matanza, con una causa originada el año pasado por el delito de usurpación de inmueble. En este expediente, se encontró imputada Correa, que habría ocupado el terreno con una organización delictiva para luego lotearlo y venderlo.
Esteban Bustos, propietario de parte de los terrenos usurpados, identificó a Correa en la situación, en un diálogo con Infobae. Meses atrás, los “usurpadores” le dijeron que no podía ser el dueño porque son tierras fiscales. Pero le ofrecieron comprarle una parte. La que hablaba y lideraba, asegura el hombre, era Correa.
“Yo no entendía nada de esto, vino esta mujer junto a dos chicas y me ofrecen comprarme una fracción de seis hectáreas en una cantidad que eran más o menos 10 millones de pesos a pagar en cuotas”, detalla. Pero no concretaron porque Bustos, cuenta, le decía a Correa que él les iba a cobrar a los vecinos que querían comprar las parcelas. “La mina tiene una soberbia encima que no lo podés creer. ‘Esto es nuestro, tenemos los papeles’, me dijo, no sé de dónde habrá sacado los papeles”, comentó Bustos.
El marido de Correa, Emmanuel Lugo, también tiene un pedido de captura en su contra. Además, hay dos presuntos pistoleros detenidos por el hecho, entre ellos Walter Escobar, internado en el hospital Paroissien, con dos tiros en su cuerpo y un prontuario por ratero. La Justicia intentará establecer cuál es el vínculo que une a la mujer con los otros dos detenidos.
Fuente: InfoBae
