Los aumentos de transporte y el riesgoso antecedente de Chile
El gobierno anunció la quita de subsidios a los colectivos del interior y los boletos podrían aumentar a $1000 en Córdoba, $1000 en Paraná, $1200 en Tucumán y a $800 en Rosario en medio de una caída histórica del poder adquisitivo por la devaluación. Se trata además de un aumento que en el caso del área metropolitana ocurrirá una semana después de un aumento del 250%, de manera que el boleto viajará sin escalas de los $77 a $468.
Se trata de una cuestión muy sensible que ha ocasionada severos desbordes sociales en distintas partes del mundo donde se aplicaron ajustes incluso más moderados. Chile aparece acaso como el espejo más cercano para tomar nota de los riesgos que implica un paso de esta magnitud.
La decisión de Javier Milei de vengarse de los gobernadores por el fracaso de la ley ómnibus retirando a cero los subsidios al transporte abre enormes interrogantes: “Tensar la cuerda con el precio de algo tan masivo como el transporte público en tiempos de hartazgo social es un modelo que no funciona en términos de contención de la conflictividad, basta mirar lo que pasó en Chile”, afirmó a LPO un dirigente político del bloque dialoguista.
En efecto, cinco años atrás en Chile se desencadenó el estallido que marcó un antes y un después en el sistema político del país trasandino, que después de décadas de relativa contención social, se disparó una revuelta estudiantil por un aumento de 30 pesos en la tarifa del metro.
Los intendentes amenazan a Milei con judicializar la quita de subsidios al transporte
“No son 30 pesos, son 30 años”, fue la consigna que terminó marcando el final del gobierno de Sebastián Piñera y el comienzo del proceso constituyente que, a pesar de haber fracasado en el resultado final, dejó a las grandes coaliciones de centro izquierda y centro derecha heridas de muerte y en un proceso de reconstrucción que todavía no culmina.
Las protestas en Santiago de Chile del 2019 que marcaron el comienzo del fin del gobierno de Piñera.
Tras décadas de un exitoso modelo de represión de la protesta social heredado de la dictadura de Augusto Pinochet, la chispa del aumento del subte, subestimada en el primer momento por el gobierno chileno, fue el catalizador de otros reclamos contenidos y hoy siguen siendo parte de la agenda central de las preocupaciones como el sistema de jubilaciones y pensiones o la gratuidad y universalidad de la educación.
En espejo a la realidad del país vecino, el quiebre que significó el estallido en relación de la población con los Carabineros toma mayor dimensión. La fuerza de seguridad chilena gozaba de altos niveles de aprobación y con la represión que dejó como saldo aún tendal de acusaciones por violaciones a los derechos humanos, su aprobación se desplomó al mínimo.
Hay quienes consideran que el 56% de apoyo a Milei en el balotaje es un plafón para profundizar el ajuste. “En Chile los que se rebelaron no eran los que habían votado a Piñera. Acá los que votaron a Milei ya tenían claro lo que iba a hacer”, explicó un ex funcionario peronista.
“Con los ajustes que hicieron los sueldos de los estatales quedaron en 250 o 300 mil pesos. Tienen presencialidad plena. Si vivís en Provincia, tenés que gastar como mínimo 40 mil pesos, es demoledor”, le dijo a LPO un dirigente que observa alarmado la gestación de una “bomba” social.
Pero para un chico que viva, por ejemplo en La Plata, y tenga que ir a la Capital a su primer empleo, el costo asciende hasta los 84 mil pesos. “Es el peor tarifazo, va a generar ghettos, la gente no va a trasladarse para trabajar porque no le va a rendir”, explicó a LPO un conocido economista.
“En el interior primero van a criticar a los gobernadores, pero el efecto cascada va a llegar a Casa Rosada”, explicó el ex funcionario. Por eso, los intendentes de las grandes ciudades del interior fueron los primeros en reaccionar y anunciaron que buscarán trabar judicialmente la medida, como anticipó LPO.
“Lo comunicaron muy mal”, se sinceró un empresario del transporte consultado por LPO. El combo de salarios congelados y aumentos de 250% en el AMBA hicieron que cientos de miles de personas entraran en pánico e intentaran nominalizar la SUBE para pagar una tarifa menor.
Este jueves hubo colas de más de cinco horas por la SUBE en Constitución.
En Constitución, Retiro, en Tigre y en otras localidades de la Provincia y con temperaturas cercanas a los 40°, los usuarios se sometieron a colas de varias horas para poder identificar sus tarjetas. ¿Por qué tuvieron que hacer el trámite presencial? La página de SUBE está caída desde hacer varios días.
“Anunciaron que se habían registrado 600 mil personas, pero en todo el país hay 20 millones de tarjetas SUBE. Creen que es un logro, pero están admitiendo que es un fracaso”, dijo un analista a LPO.
Lo más insólito es que la penalidad para quienes no registraran sus tarjetas comienza a correr desde el 1° de abril. Además, el gobierno parece no haber tenido en cuenta que la SUBE solo existe en 60 ciudades de todo el país. ¿Cómo harán los pasajeros que viven en las ciudades que no cuentan con el sistema para acceder al subsidio? Es un misterio.
Desde el gobierno sostienen que quieren subsidiar la demanda y no la oferta. Eso implicaría poder llegar directamente al pasajero que necesita el subsidio. Cristina Kirchner, Mauricio Macri y Alberto Fernández intentaron esa “sintonía fina”, pero nunca pudieron lograrla.
“No existe esa capacidad de procesamiento de datos, porque no está la capacidad, pero tampoco los datos”, sintetizó un ex funcionario. Así, el gobierno debería lograr identificar a millones de personas en tan sólo dos meses para entregarle los subsidios.
A esto se suma el creciente conflicto sindical con los choferes de colectivos por las paritarias y los atrasos salariales. En Tucumán tuvo que intervenir directamente el gobernador Osvaldo Jaldo para evitar un paro y en Santa Fe ya lleva cuatro días.
Paro de colectivos en Santa Fe.
Las dificultades no terminan allí: Córdoba, la segunda ciudad más poblada del país, no tiene el sistema SUBE. Implementarlo no es inmediato, además del acuerdo con Nación, hacen falta una serie de pasos técnicos como el análisis de los recorridos. Pero, sobre todo, que Nación Servicios tenga disponibles los validadores. Todo eso lleva al menos 90 días, cuando las nuevas tarifas se implementarán en 50 días.
“No hay manera de que la gente no sea la variable de ajuste”, reflexionó un ex funcionario horrorizado por el nivel de improvisación del gabinete de Milei.
Fuente: La Politica On Line
